Los problemas derivados de la Pandemia causada por el COVID-19 han afectado a todos y cada uno de los territorios del mundo. Si bien es cierto que a unos más que a otros.
Una de las consecuencias que más ha azotado a las islas canarias en general, y a Las Palmas de Gran Canaria en concreto, es el de la ocupación. Se calcula que el incremento en este tipo de asuntos sobrepasa el 50% con respecto al periodo anterior a la pandemia. La ciudad se encuentra dentro de las 10 españolas más afectadas con el asunto okupa. Y el problema se agrava si ahondamos más en los datos. Así, y según éstos, tan sólo el 0,2% de las viviendas ocupadas estaban deshabitadas. Y como es lógico y a consecuencia de ello, se llevan a cabo reyertas vecinales en defensa de sus derechos, que no hacen sino agravar la convivencia pacífica por la que siempre se ha caracterizado la ciudad.
Los desahucios por impagos también han sufrido un considerable aumento en los Juzgados. La situación de precariedad laboral que la pandemia ha dejado a su paso, ha provocado que sean muchos los inquilinos que o bien carecen de medios para afrontar el pago de sus alquileres, o que deciden destinar aquellos de los que disponen a otros menesteres que consideran de mayor urgencia e importancia.
Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los 7 partidos judiciales que componen la provincia de Las Palmas, junto con Arrecife, Puerto del Rosario, Santa María de Guía de Gran Canaria, Teide, San Bartolomé de Tirajana y Arucas.